Este pasado 3 de diciembre, el Comité pro Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y no descartó convocar a la población de esa región a salir a las calles, ante la persecución política por parte del Gobierno contra los líderes cívicos que condujeron el paro cívico de 36 días.
“Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución política. Llamamos al pueblo cruceño estar atento al llamado de sus instituciones, para defender en las calles de ser necesario, a nuestros líderes”, señala el comunicado.
Tras la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financieros y Electoral, Luis Arce, Presidente de Bolivia, advirtió que no se detendrán los procesos judiciales contra los promotores del paro porque los delitos no pueden quedar impunes.
En el documento, el directorio de los cívicos rechazó y denunció el uso de la justicia por parte del Gobierno para procesar a los miembros del Comité Interinstitucional de Defensa del Censo, quienes cumplieron el mandato del pueblo cruceño otorgado por los cabildos que se desarrollaron anteriormente.
Recordemos que el pasado miércoles, Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, informó que se admitió tres denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los conflictos que se registraron durante los 36 días de paro por el censo.
En esa oportunidad, la autoridad manifestó que los involucrados serán convocados a declarar en los próximos días, ya sea en La Paz o en la capital cruceña, donde radican las causas. Aunque indicó que se recibieron varias demandas contra los dirigentes cívicos.
