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Este pasado 1 de febrero, un grupo de legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los decretos supremos que obligan a pedir autorización para vehículos con vidrios polarizados bajo sanción de multa, porque considera que esta disposición está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE).
De acuerdo a los informes, la acción fue presentada el 31 de enero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por parte de los diputados Toribia Lero, Alejandro Reyes y la senadora Andrea Barrientos, demandando a Luis Arce, Presidente de Bolivia y Eduardo Del Castillo, Ministro de Gobierno.
Barrientos explicó que estos decretos están en contra de la CPE porque de acuerdo a la Carta Magna sólo una ley puede limitar los derechos.
Observó también que las recaudaciones que se hacen por la autorización de vidrios polarizados vulneran el Código Tributario, que no contempla estos cobros.
Barrientos indicó que, además, el cobro por las autorizaciones es discriminatorio, porque es de Bs 100 para el transporte público y Bs 200 para privados.
Sin embargo, alertó que este cobro por la autorización de vidrios polarizados constituye en una doble tributación, puesto que ese ítem ya se cobra con la importación del vehículo.
“La recomendación por supuesto es que no hay porqué pagar la multa que nos quieren obligar a tener el día de hoy, porque se está vulnerando claramente el ordenamiento jurídico nacional”, sostuvo.