Este 23 de febrero, el Gobierno de Perú ha presentado un proyecto de modificación del Código Penal para endurecer las penas de delitos contra los bienes públicos y privados, así como los que afectan a la vida y salud, en un esfuerzo de disuadir los enfrentamientos durante las manifestaciones contra el Ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte.
Asimismo, la iniciativa plantea endurecer las penas de delitos cometidos “durante el estado de emergencia y la convulsión social” y propone aumentar de ocho a catorce años las penas para lesiones leves (la actual es de dos a cinco años) y sanciones entre cuatro a ocho años para daños de bienes (actualmente de uno a seis años).
Por otro lado, atentar contra los medios de transporte contaría con una pena de ocho a 20 años, en lugar de una de tres a seis, mientras que los disturbios se penarían con una sanción no menor de 15 años de prisión, en vez de los de seis a ocho años actuales.
Recordemos que Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.