El TSJ establece que su accionar estuvo amparado por la urgencia de preservar la continuidad del Estado boliviano.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) absolvió a la expresidenta Jeanine Áñez Chávez de la condena de 10 años de prisión impuesta en 2022, tras determinar que su actuación en noviembre de 2019 se dio bajo un “estado de necesidad constitucional” destinado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano.
Según la sentencia 011/2025, Áñez no actuó con dolo ni lesionó bienes jurídicos protegidos, y su conducta respondió a la crisis política y social generada tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera.
El TSJ destacó que los acontecimientos de ese mes configuraron un vacío de poder y colapso del orden constitucional, donde las autoridades debieron tomar decisiones urgentes para evitar poner en riesgo el Estado de Derecho. La resolución señala que la absolución se fundamenta en la figura de estado de necesidad constitucional, que permite justificar actuaciones extraordinarias en contextos excepcionales, más allá del formalismo procedimental de los reglamentos de la Asamblea Legislativa.
La sentencia también hace referencia a precedentes constitucionales, como la Declaración 0003/2001 sobre la sucesión inmediata del vicepresidente Jorge Quiroga, para sustentar la legitimidad de la acción de Áñez. La exmandataria asumió la presidencia en noviembre de 2019 y gobernó hasta noviembre de 2020, cuando asumió el presidente electo Luis Arce.

