Tras una sesión que duró más de seis horas, Cámara de Diputados llegan a un consenso y aprueban este jueves 15 de diciembre el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, en medio de reclamos de la oposición que aseguró que la sesión parlamentaria fue «ilegal».
El PGE 2023 supera los 35.000 millones de dólares, un 3,8 % mayor al de 2022, y de los que un 59,2 % son para el gasto corriente mientras que un 16,1 % va a gastos de capital, además de un 10,1 % y 10,8 % a las asignaciones de salud y educación, respectivamente, según detalla el proyecto de Ley.
La planificación presupuestaria proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86 %, una inflación de 3,57 % y apunta a garantizar la «sostenibilidad de las finanzas públicas» y «profundizar el proceso de industrialización».
Además establece una inversión pública de más de 4.000 millones de dólares en los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería, infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, además, de la inyección de capital a las empresas públicas.
Previa a la aprobación, bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) superaron las discrepancias entre el bloque «renovador» que es afín al presidente Luis Arce y los llamados «radicales» cercanos a Evo Morales, ex Mandatario y líder del partido.
Resaltando los hechos de la sesión, Edwin Bazán, Diputado por Creemos señaló a los dos bandos oficialistas de llegar a un acuerdo para «violar el reglamento» y facilitar la aprobación del presupuesto sin llegar al «fondo» de los aspectos criticados.