Madrugada de este viernes (10/Dic), en un riguroso debate de nueve horas a causa del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para la gestión 2022, por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados es aprobada, será enviado a la Cámara alta para ser considerada.
Proyecto de Ley que cuenta con 7 artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, tres disposiciones finales y una disposición derogatoria y abrogatoria, uno de los propósitos es garantizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), será enviado al Senado para su consideración.
“Después del debate y la explicación del ministro de Economía (Marcelo Montenegro), y con la intervención del presidente de la comisión (de Planificación, Política Economica y Finanzas, Omar Yujra), se han aclarado dudas y en función a eso se ha aprobado el PGE 2022, que tiene como base los pilares fundamentales (salud, educación y reactivación económica)”, explicó el titular de Diputados, Freddy Mamani Laura.
Está norma establece que un total consolidado de Bs. 235.090.146.636, se distribuirán para inversión pública en proyectos productivos (42.5%); de infraestructura (29.9%); proyectos sociales (17.2%); y multisectoriales (10.5%). El financiamiento para estas inversiones provendrá de recursos externo (43%) y recursos internos (57%).
“Mientras que, el presupuesto para salud será de Bs. 23.590 millones, equivalente al 10% del PGE consolidado. De igual forma, la educación recibirá Bs. 25.370 millones, representando un 10,8% del PGE consolidado”, reiteró Omar Yujra, Diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).
Según el artículo 3, la norma es aplicable a todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, aquellas que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobierno autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresa públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones de seguridad social y personas jurídicas que generen o administren recursos públicos.