Este pasado 5 de diciembre, Vladimir Putin, Presidente de Rusia, promulgó las leyes que prohíben la “propaganda” LGTBI y endurecen los castigos con medidas que se extienden más allá del ámbito de los menores de edad, ajeno a las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
De esta manera, el paquete de reformas, que ha llegado a la mesa de Putin con previo paso por las dos cámaras del Parlamento, incluye medidas para acabar con cualquier contenido considerado contrario a los valores conservadores en Internet, medios de comunicación, libros, películas y anuncios, según la agencia de noticias Interfax.
Autoridades nacionales, aseguran que la reforma está justificada por la necesidad de combatir lacras como la pedofilia, han expandido la lista de informaciones cuya difusión pasa a estar prohibida, como la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales o información que pueda inducir a los menores a solicitar un cambio de sexo”.
Además, las multas por difundir este tipo de informaciones pueden ascender a los 400.000 rublos (unos 6.400 euros) en el caso de ciudadanos de a pie, u 800.000 rublos si se trata de funcionarios. En el caso de entidades, la pena se eleva hasta los 5 millones (más de 79.000 euros).