La omisión a la presunción de inocencia, el acoso político y los casos de corrupción fueron las principales vulneraciones a la institucionalidad democrática en Bolivia durante 2024, según el informe anual del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.
De las 915 vulneraciones documentadas, 525 (57%) corresponden a esta categoría. La violación del derecho a la presunción de inocencia representó 202 casos, con reiteradas exhibiciones públicas de personas sospechosas antes de ser procesadas. UNITAS recomienda al Estado frenar esta práctica, que afecta el debido proceso y genera condena mediática anticipada.
El acoso político a mujeres concejalas aumentó significativamente: de 6 casos en 2023 a 70 en 2024. Se trata de presiones para forzar renuncias a favor de varones suplentes, bajo pactos informales de “gestión compartida”. Casos como el de Marta Villca en Potosí reflejan la violencia estructural persistente en la política local.
La corrupción también mostró un repunte, con 48 autoridades —tanto del nivel central como subnacional— imputadas o sentenciadas. El informe cita casos en gobiernos pasados y actuales, incluyendo irregularidades en proyectos estatales millonarios.
UNITAS reitera el llamado al cumplimiento de recomendaciones internacionales para frenar estas prácticas y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.