Presidente Luis Arce expresó su preocupación por la manera en que se aplica la justicia comunitaria en áreas rurales, afirmando que “muchas veces trae problemas”, y admitió que el acceso pleno a la justicia sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
Durante un acto oficial, el mandatario reconoció que su gestión aún enfrenta desafíos importantes en materia judicial, pese a los esfuerzos por acercar los servicios a la población. “Hay varios temas de la justicia que están pendientes”, sostuvo.
Como parte de una nueva estrategia, el Gobierno implementará servicios móviles judiciales en 24 municipios, con el objetivo de llegar a todos los rincones del país. Arce indicó que la meta es expandir esta cobertura a los 360 municipios de Bolivia.
“El Ministerio de Justicia debe bajar a las comunidades y escuchar al pueblo”, añadió, destacando la importancia de un sistema que combine cercanía territorial con respeto a los derechos fundamentales.