La medida apunta a corregir una distorsión de precios y mantener protegido el costo para los consumidores habituales.
Con la promulgación del Decreto Supremo 5676, el Gobierno nacional busca reducir la diferencia entre el precio internacional del diésel y el precio aplicado en Bolivia para grandes consumidores y consumidores directos, con el objetivo de mejorar las condiciones para importar combustible y garantizar el abastecimiento interno.
La medida también apunta a reducir los incentivos para el acopio, reventa, contrabando y corrupción asociados a la diferencia de precios. Para la mayoría de los usuarios que adquieren combustible en estaciones de servicio para sus vehículos o actividades habituales, el precio vigente se mantiene.
El Gobierno sostiene que el ajuste permitirá fortalecer la disponibilidad de diésel y reducir el riesgo de desabastecimiento, filas e interrupciones que afectan al transporte y la producción. El decreto no implica que toda la población pagará el precio internacional del combustible, sino que establece una diferenciación según el tipo y volumen de compra.
