Expertos consultados por la Voz de América han examinado el reporte de GAO y advierten sobre el peligro de atribuir este impacto solamente a las sanciones estadounidenses.
“Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo”, reportó a inicios de febrero la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés).
En el mismo informe aclara que el deterioro económico de Venezuela y principalmente de su industria petrolera, no son atribuibles exclusivamente a las sanciones estadounidenses.
Analistas consultados reconocen el impacto que las sanciones pueden tener en la población. “Es innegable de que todo tipo de sanción por la naturaleza de regímenes autoritarios como es el de Venezuela inevitablemente van a ser pasados en su costo efectivo a la población”, indicó Hugo Achá, investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
El especialista, además, explica que las sanciones no están dirigidas a los países o a las poblaciones. “No ha habido una sanción per sea contra la integridad del estado venezolano (…) Sí de determinadas entidades gubernamentales”.
Con respecto a la administración de Biden, Acha valora que ha dado “claros signos” de su intención de flexibilizar las sanciones no solo en relación en Venezuela, citando razones humanitarias. Sin embargo, el asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, Juan González, reiteró esta semana que Washington mantendrá las sanciones contra la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Por su parte, Antonio de la Cruz, analista político, expuso que las sanciones económicas que arrancaron en 2019, con PDVSA como objetivo, afectan porque era uno de los mecanismos utilizados para hacer negocios, pero la relación no es tan directa. Más que las sanciones es la forma cómo el modelo económico implementado ha “implosionado” la economía del país, indicó el especialista.
De la Cruz recordó que las sanciones económicas tienen una cláusula “que dice que se puede dar la licencia para los casos que se requiera si es ayuda humanitaria, en todos los aspectos de la economía”.
La eventual o posible flexibilización de las sanciones no trae “ningún alivio” para el ciudadano común, apuntó De la Cruz. En ese sentido, agregó, sería necesario ver cómo “hacer que esa presión que tiene hoy Maduro por esas sanciones … se utiliza para seguir generando que cambie de conducta”.