La Defensoría del Pueblo considera que la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y la demanda de la sociedad respecto de una reinserción social efectiva, convoca a las autoridades a repensar en cambios estructurales, procesos integrales y articulados con las diferentes instancias de Estado para revertir la realidad penitenciaria en nuestro país.
Una investigación integral realizada en 2018, en todos los recintos penitenciarios urbanos del país, evidenció las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas privadas de libertad, el hacinamiento que en ese entonces sobrepasaba el 225%, el limitado acceso a la salud, la mala alimentación; el deficiente acceso a servicios básicos y de infraestructura; la ausencia de programas de reinserción social, la criminalización de la pobreza, la prisionización, la persecución penal y el abuso de la detención preventiva que aplica el sistema de justicia.
El hacinamiento, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, a agosto de este año ha alcanzado el 165%, lo que genera que las 17.908 personas privadas de libertad que existen en los recintos carcelarios (65% con detención preventiva) vivan en condiciones indignantes con limitadas posibilidades de reinsertarse a la sociedad,
En esa línea, la institución reitera y exhorta a las autoridades a no dejar de “volcar la mirada hacia las cárceles” para lograr cambios estructurales en la realidad penitenciaria que dignifiquen y precautelen los derechos humanos de esta población.