Este lunes el Ministro de Justicia, Iván Lima y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmaron un acuerdo donde señala que se investigarán los hechos ocurridos en noviembre 2019.

Iván Lima, señaló,

“vamos a garantizar de forma absoluta su independencia, su acceso a toda la información que sea requerida, es un compromiso del Gobierno de Bolivia, que los archivos de la Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía, el Ministerio Público y Órgano de Justicia, sean accesibles para su trabajo”, y pidió además que el pueblo boliviano sea escuchado sin importar su visión política y origen social.

Flavia Piovesan, relatora de país de la CIDH del  Órganos de Estados Americanos (OEA),  presentó al llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), conformado por Julian Burguer, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappata Valdez, Marlon Weichert, y Jaime Vidal (quien será el secretario de esa identidad); quienes se quedarán en el país  por seis meses, tiempo que durará la investigación, y se determinó por ambas partes (Gobierno - CIDH) que se ampliará el tiempo se su estadía  si es necesario.

Flavia Piovesan, relatora de país de la CIDH de la OEA. Durante su intervención

“Durante la visita realizada del 22 y 25 de noviembre 2019, en La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba, la delegación sostuvo reuniones con las altas autoridades de todas las formas del poder público y todos los niveles nacional y territorial, además la delegación se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibiendo testimonios y documentación, visitó hospitales, visitó centros de detención, despachos defensoriales y comunidades afectadas  por la violencia, con base a toda la información recolectada, por  la CIDH… destaca la pérdida de vidas humanas en diferentes lugares del país, especialmente las muertes registradas”, señalo la Flavia Piovesan relatora de país de la CIDH de la OEA.

Rogelio Mayta, Ministro de Relaciones Exteriores, por su parte pidió a la población boliviana e instancias estatales, generar un escenario de confianza y así la (GIEI- Bolivia), pueda tener acceso a la información necesaria y establecer en su caso las responsabilidades a las personas que identifique, concluyó.