Iván Lima Magne, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, anunció el inicio del proceso que se fundamenta en pilares estratégicos que se traducen en un paquete normativo y que ya se encuentra en vigencia,  y otros en proceso de aprobación.

Lima informó que la reforma judicial es una prioridad en el Estado Plurinacional de Bolivia, también confirmó que “el Gobierno nacional tiene el compromiso para actuar con hechos y acciones estratégicas” acompañadas de un compromiso nacional para el bienestar integral del país.

Así mismo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), recomendó trabajar en reformas al sistema judicial, mismas que se encuentran en ejecución desde noviembre pasado y seguirán su curso con acciones previstas a corto, mediano y largo plazo.

Pilares de la reforma judicial

El programa de la reforma judicial fue formulado por esta cartera de Estado y contempla los siguientes ejes estratégicos:

1. Balanceo del conflicto, que consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basado en criterios de equidad, y con el propósito de alcanzar estándares internacionales.
2. Sistema de acceso a la justicia, a fin de promover que toda la población -especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos-, acceda a la justicia en igualdad de condiciones, con eficiencia en la administración de justicia, desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para el acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.
3. Independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio Público.
4. Soluciones TIC, con la transformación digital del modelo de gestión judicial boliviano a través del uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial, además de la implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para los servicios que brinda este Ministerio y sus entidades descentralizadas.
5. Desarrollo normativo para la reforma, a través de la implementación de políticas públicas y normativa para la reforma del sistema de justicia, acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

“Todos estos esfuerzos estarán orientados a revertir los problemas centrales de la justicia, como la retardación que afecta a más de 300.000 familias”, indicó el ministro Lima.

Paquete normativo en vigencia y en ejecución

La reforma judicial está sustentada por un paquete de construcción y modificación de leyes orientadas a superar los actuales cuellos de botella detectados en la administración de justicia, que generan mora procesal y corrupción.

Entre ellas se cuenta con la modificación al Código Niño Niña Adolescente para procesos de adopción ágiles y seguros. Modificaciones el proyecto de Ley de Interoperabilidad que tiene por objeto establecer un plazo para la implementación de herramientas tecnológicas al interior del Órgano Judicial.

Además, se trabaja en la fase final de la modificación colectiva de la Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, también, se construye de manera conjunta con gobiernos municipales y organizaciones sociales, el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, que sustituirá la actual ley que data de 1887 y que carece de mecanismos de transparencia y seguridad.

Se promulgó la Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción, que sanciona el prevaricato de fiscales y permite mecanismo seguros de denuncia.

Reforma judicial como proceso institucional y no como chantaje político por impunidad

El informe del GIEI estableció que durante el gobierno de facto se perpetraron masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y otras graves violaciones de derechos humanos y recomendó no dejar esas graves vulneraciones en la impunidad.