Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, informó que el Ministerio Público concluyó la investigación en el denominado caso Sacaba, en contra de 18 personas por el delito de genocidio con relación a los hechos del 15 de noviembre de 2019 que dejó como resultado 10 personas fallecidas. Desde el Ministerio Público anunció que pedirá 30 años de privación de libertad para los partícipes.

Durante las investigaciones, se procedió a recibir 180 entrevistas de efectivos militares; 110 entrevistas de funcionarios policiales y 120 entrevistas de personas civiles, todos en calidad de testigos presenciales de los hechos, contándose también con 10 protocolos de autopsia, historiales clínicos de heridos, entre otros elementos que sustentan la teoría del caso.

Estos hechos habrían ocurrido tras una planificación y ejecución operativa conjunta policial-militar, dispuesta por el nivel central de Gobierno a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes habrían ordenado la participación en estos hechos de grupos militares especializados.