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La justicia determinó su responsabilidad en la manipulación de propuestas económicas de empresas constructoras.
Dos exservidores públicos de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) fueron sentenciados a prisión por manipular datos y propuestas económicas de empresas constructoras con el fin de favorecer de manera ilícita a una de ellas en un proceso de contratación en Sacaba.
El caso corresponde al proyecto de viviendas Fase XXVIII (gestión 2024) y fue reactivado en 2025 tras haber permanecido paralizado. Luego de las audiencias realizadas en abril de 2026, el Juzgado Primero de Sentencia Penal de Cochabamba dictó condenas de cuatro y cinco años de privación de libertad por cohecho activo y pasivo.
El Ministerio de Obras Públicas destacó el fallo como un precedente en la lucha contra la corrupción y afirmó que se refuerza el compromiso institucional con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.