Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una iniciativa impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil.
La nueva norma establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que los funcionarios públicos entreguen la información solicitada por los ciudadanos, con posibilidad de una prórroga de 5 días previa justificación. El incumplimiento de este plazo conllevará sanciones que incluyen la destitución de los servidores responsables.
Silvia Salame, Senadora por Comunidad Ciudadana (CC), fue la encargada de presentar el proyecto, calificándolo como un avance significativo para la democracia boliviana. “Un país que no permite a su ciudadanía acceder a la documentación pública no puede considerarse democrático“, afirmó Salame, quien también destacó que la ley prevé excepciones, pero éstas deben estar previamente justificadas y no podrán ser indefinidas.
El proyecto de Ley, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento, fue elaborado en colaboración con instituciones públicas y privadas, como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Fundación Jubileo y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB). Con esta aprobación, Bolivia busca alinearse con los estándares internacionales en materia de transparencia y derechos humanos.