Este 26 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a la gestión de Luis Arce, Presidente de Bolivia, a investigar al gobierno de Evo Morales, por las muertes del caso Rósza para evitar un juicio internacional.
Un informe de fondo que es de conocimiento únicamente de la comisión, Gobierno, vía la Procuraduría General del Estado, establece que existieron ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de Morales en contra de cinco personas del caso terrorismo.
Con este reporte, la CIDH está en la etapa final para llevar a juicio al Estado boliviano por las muertes de los extranjeros Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michell Dwyer, además, de las torturas contra Elöd Tóásó y Mario Tadic, en un operativo de la Utarc de la Policía, en abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, porque presuntamente tenían intenciones separatistas.
Bajo las conclusiones de la comisión, se apunta al gobierno de Morales, ya que ni la Fiscalía ni la Policía de Santa Cruz intervinieron, debido a que había órdenes para que “todo esté a cargo del Ministerio de Gobierno desde La Paz”.
Sin embargo, la denuncia contra el Estado Estado boliviano por el caso Rózsa, activada por la madre de Michel Dwyer, fue admitida en 2018. El informe de fondo salió en diciembre de 2021.
Gary Prado, abogado que lleva el caso de Zvonko Matkovic, resaltó que si el Estado no cumple la recomendación, irá a juicio y tendrá una sentencia de cumplimiento obligatorio.
Por su parte, Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia ante la OEA, explicó que la comisión asevera en su informe que se han cometido estos actos.
“Se han violado los derechos de esas personas y tienen que sancionarse a los responsables y se tienen que indemnizar a las víctimas”, enfatizó.
Además, agregó que una vez admitida la denuncia, en 2018, la comisión trabajó en la investigación y recibió pruebas. Además, notificó al Estado boliviano con la denuncia.
Hasta el momento, el procurador general, Wilfredo Chávez, no se ha pronunciado sobre el informe de la CIDH. Tampoco se manifestaron el expresidente Evo Morales ni un funcionario de Gobierno.