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Este 21 de octubre, a través de diferentes talleres departamentales que se desplegaron, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), construye junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil una propuesta de política pública para la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos.
Según informes, la propuesta busca que el Estado boliviano, en el marco de las obligaciones asumidas a nivel nacional e internacional, garantice el pleno disfrute y el entorno favorable para las personas y las organizaciones que defienden derechos.
Tiene el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las y los defensores de derechos frente a políticas que afectan el ejercicio de derechos territoriales, ambientales, de los pueblos indígenas, de las personas LGTBIQ+, así como los derechos de asociación, expresión y reunión pacífica.
“En Bolivia no se respetan los derechos, menos los de las personas u organizaciones que se abocan a defenderlos”, expresó Emiliana Eulate, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro.
Marcela Quisbert, una defensora de los derechos de su comunidad indígena en Zongo (La Paz), dio a conocer cómo por su rol de defender a su tierra y a sus coterráneos de una empresa minera, fue amedrentada, perseguida y golpeada.
“Tengo 11 procesos por defender. He sido perseguida y golpeada, no es fácil sobrevivir a estos ataques. Muchas veces se piensa que el pueblo indígena está bien, no es así, nuestra biodiversidad está siendo atacada por la minería. Cuando dices la verdad, te ganas procesos”, relató.