Jorge Silva, Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, explicó que a través de los Comités Departamentales se busca realizar una cruzada nacional con el objetivo de precautelar el Derecho de Acceso a la Salud y evitar afectar la economía de la población, a raíz de la especulación de medicamentos, el incremento de costos de atención en salud, funerarias y otros.

“Cuando se detecten indicios de la comisión de un delito de agio o especulación, que se está produciendo sobre todo en redes sociales, inmediatamente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tiene que activar la acción directa penal, para detener a las personas y procesar como corresponde e imponer la sanción que establece el Código Penal por atentados a la salud pública que tiene hasta 10 años de cárcel”, explicó Silva.

En el marco de la pandemia, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) estableció una lista de precios para medicamentos, insumos médicos y servicios; en caso de incumplimientos se debe proceder a la sanción económica que puede ser de 1.000 a 10.000 UFV (Unidad de Fomento de Vivienda), administrativa y hasta penal, cuando se incurra en el delito de atentado a la salud pública.