Parlamentaria cuestionó el desembolso de $us 1, 6 MM autorizado por el Ejecutivo central y las autoridades e YPFB en favor de las seis federaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba.

María René Álvarez, diputada chiquitana, afirmó este lunes que la compensación económica por el impacto ambiental ocasionado por el ducto Carrasco, Chapare, debe ser pagado a los pueblos originarios dueños de esas tierras, el desembolso en favor de los denominados “interculturales” hace sospechar que hubo tráfico de influencias por parte del presidente Luis Arce.

“YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) tendrá que explicar detalladamente si se tenía que compensar a los propietarios de los terrenos por donde pasa el gasoducto, a la mancomunidad de municipios o a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba”, señaló la diputada.

La diputada Álvarez recordó que el actual presidente del Estado, Luis Arce, antes de ser nuevamente Ministro de Economía fue director de YPFB Transporte por lo que se puede colegir que ahora siendo presidente del Estado pudo haber usado sus influencias para que ese pago se efectúe.

La parlamentaria cuestionó el beneficio y protección de parte del Gobierno con el pago de los $us 1.6 MM a las “milicias armadas” que avasallan propiedad de los pueblos originarios de tierras bajas con total impunidad, mientras los pueblos Yucacaré, Yuqui, Movima y Moxeño nativos de esa zona geográfica, piden ayuda del Gobierno para acceder a los mínimos servicios de salud, vivienda y educación.

“Hasta donde se conoce públicamente, los impactos socio-ambientales del proyecto dio como resultado la firma de un Convenio de Validación, para la compensación económica de los más de Bs 11 MM (Usd 1.6 MM), pero no queda claro con que dirigentes originarios se firmó esa validación”, enfatizó Álvarez.