Defensoría del Pueblo, evidenció la omisión de control y fiscalización de las actividades mineras por parte de las autoridades del Estado, donde se enfrentaron la Comunidad Indígena Leco Charopampa y la Cooperativa Minera Aurífera 15 de Mayo.

Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, informó: “Estamos ante una problemática compleja y cada vez más frecuente: la emergencia de conflictividad social ambiental en las actividades mineras. Esto se produce, porque la minería actúa al amparo del Estado, pero sin que éste realice el suficiente control del cumplimiento de garantías constitucionales respecto a los derechos humanos, tales como la consulta previa y el medio ambiente sano, o  la protección de los derechos de la Madre Tierra”.

Además, adjuntó que los resultados presentados en la sala “Luis Espinal”, refleja la situación que se vive en esa comunidad del norte paceño.

Ilse Beltrán, Coordinadora Nacional de la Cooperación Suiza, señaló que el informe defensorial refleja la situación actual de la minería aurífera en el país, problemas legales con los contratos mineros, una excesiva contaminación ambiental y los pocos beneficios que se deja en el país.

Beltrán, mencionó  que las regalías mineras solo llegan al 2% de la generación de riqueza: “Ésta es una realidad, que sólo podrá ser abordada de manera interinstitucional, con la participación de todos los actores, como señaló la Defensora”.

En la exposición, se explicó el conflicto en Charopampa, iniciado desde el 2012, cuando la cooperativa recibió del Estado los derechos mineros para efectuar la explotación de oro en el sector, resaltando los impactos ambientales generados.

“En este conflicto, tanto el pueblo indígena Leco de Charopampa como la Cooperativa Minera 15 de Mayo, reclamaban, cada uno desde su perspectiva, que el Estado garantice sus derechos; sin embargo, se pudo evidenciar la omisión de varias responsabilidades estatales, como el cumplimiento de la consulta previa de acuerdo a estándares internacionales al momento de otorgar los derechos mineros, así como la falta de acciones para concluir la adecuación de los derechos mineros otorgados a la cooperativa, que hubiese permitido un control y fiscalización de las actividades mineras”, indicó Nadia Cruz.

Según la investigación defensorial, se identificó una desconexión entre las acciones efectuadas por las autoridades municipales, departamentales y nacionales, además de un deficiente control de calidad ambiental, la no activación de mecanismos participativos dirigidos a la comunidad y la falta de información brindada por el Sistema Nacional de Información Ambiental.