Este lunes 11 de julio, el Comité Cívico de Cochabamba y la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), denunciaron la la consolidación de un sistema complejo criminal que viola el derecho propietario en el departamento, impulsado por delincuentes que se fortalecen por la inacción de las autoridades.

Tras una conferencia de prensa, los  empresarios de varios sectores emitieron un pronunciamiento y advirtieron que la pasividad de las autoridades pone en riesgo la inversión privada, la seguridad alimentaria, la generación de fuentes de empleo y agrava la inseguridad jurídica.

Luis Laredo, Presidente de la FEPC, señaló que los sectores más afectados son el avícola, lechero, agropecuario y minero.

“Esas zonas productivas cercanas a la zona urbana están siendo desnaturalizadas permanentemente y abusivamente por grupo de loteadores que están originando dificultades muy grandes para el sector lechero”, declaró Willy Soria, representante de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA).

Además, Apolinar Rivero, Presidente del Comité Cívico de Cochabamba, anunció que este manifiesto es el inicio del enfrentamiento contra las “mafias” de la tierra.

Al presentar su denuncia, los sectores hicieron referencia a seis demandas en particular:

1. Que la comisión interinstitucional integrada por 13 representantes pueda revisar la inoperancia de la Ley 447 contra avasallamientos y tráfico de tierras cuando se operan los procesos de desalojo y no son inmediatamente atendidos y tampoco las medidas precautorias.
2. Examinar el procedimiento de dotación de tierras que está dando el Gobierno que debería asegurar la aplicabilidad del acceso a tierras fiscales y no a generar derecho propietario sobre la vulneración del derecho propietario de los particulares.
3. En la reforma judicial se cuente con funcionarios especializados en materia agroambiental y también con fiscales idóneos y especializados en materia agrícola y minera, de probada ética, que no permitan actos de impunidad.
4. Asegurar una reforma judicial coherente que devuelva la confianza y la seguridad jurídica a la población.
5. Exigimos a las autoridades a cumplir con su rol constitucional y denunciamos públicamente el incumplimiento de sus funciones.
6. Exhortamos a todas las instituciones competentes a generar acciones que brinden a la población una defensa de su seguridad jurídica.