Este pasado 1 de septiembre, tras un nuevo fracaso en la quinta votación para la designación del Defensor del Pueblo al no llegar al número de votos requerido, las dos bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa (ALP), advirtieron que si aplican el “decretazo”, a futuro tendrá consecuencias jurídicas para el presidente de Estado, por usurpación de funciones.

Edwin Bazán, Diputado de Creemos, advirtió que el fracaso en la quinta votación para la designación del Defensor del Pueblo fue una previa para que el oficialismo abra camino y que el presidente del Estado por decreto supremo designe a la nueva autoridad.

“El MAS con este teatro que hizo el día de hoy (jueves) al convocar a una Asamblea, está abriendo el paraguas para que el presidente Arce designe por decreto (al Defensor) cometiendo así una ilegalidad (…) a todas luces (…) que le va a traer consecuencias jurídicas”, advirtió el parlamentario.

Recordemos que David Choquehuanca, presidente nato de la ALP, instaló la sesión para la designación del Defensor, pero ninguno de los siete finalistas obtuvo los 2/3 de votos que exige la Constitución Política del Estado, por esa razón se determinó un nuevo aplazamiento sin fecha.

Al finalizar la sesión, Choquehuanca subrayó que el proceso “aún está sujeto a lo determinado en la Resolución Constitucional 178/2022”, figura legal que ordena a los asambleístas a cumplir con la designación de la autoridad y reconoce a Nadia Cruz como la defensora del Pueblo interina.

Por su parte, Carlos Alarcón, Jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, alertó que el tema del “decretazo” se encuentra en la parte considerativa de la Resolución Constitucional, y en caso de que el oficialismo acuda a esa figura cometerá delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones.