María René Álvarez, Diputad de Creemos, indicó que, fuera del veredicto que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya en el caso de las aguas del Silala, el Gobierno debe aclarar si se cumplió con el aprovechamiento y con la preservación de esas aguas.
“Independientemente del veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, se debe recordar que la Ley Nº 320 del 14 de diciembre de 2012 le impuso al Gobierno del nivel central el deber especial de preservación y aprovechamiento gradual y progresivo de las aguas bolivianas del Silala, para que esas aguas no sean desviadas hacia el norte chileno”, aseveró Álvarez.
Asimismo, recordó que en octubre de 2018 el Gobierno de Evo Morales perdió la histórica reivindicación marítima de Bolivia por la negligencia de no haber pedido que la CIJ declarara que nuestro país tiene derecho al acceso soberano al mar.