Este pasado 25 de mayo, Diego García-Sayán, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, dio a conocer el informe final de su visita realizada a Bolivia en febrero de este año; en el mismo hace mención al “drama de la impunidad” que afecta a las víctimas de las graves vulneraciones de los derechos humanos registradas entre 2019 y 2020.
Graves violaciones a los derechos humanos
Entre las páginas 1, 9,15 y 19 del informe, se manifiesta las graves violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis sociopolítica de 2019-2020.
Respecto al punto, en la página 9 del informe, se lee: “Y se tiene, finalmente, el drama de la impunidad y de la falta de resultados efectivos frente a graves violaciones de derechos humanos. Mucho se ha escrito sobre las violaciones de derechos humanos del último trimestre de 2019, cuando al menos 37 personas fallecieron y centenares fueron heridas”.
García, menciona como aspecto positivo, el compromiso de la Procuraduría General del Estado, de promover una legislación que permita al Estado reducir a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Sacaba, Senkata y Zona Sur.
Mediante el documento, felicita en cuatro ocasiones la apertura y franqueza del Gobierno nacional para facilitar la visita, y recolección de información y testimonios que sustentan el estudio.
García-Sayán, destacó en su informe final la “cooperación invalorable” que recibió para la realización de su trabajo y subrayó que tuvo acceso a todos los actores políticos, sociales, judiciales e institucionales a través de entrevistas y reuniones.
Caso Añez
En relación a la situación judicial de la expresidenta de facto Jeanine Añez, el informe señala en su página 15 que en presencia del Relator Especial, el Ministro de Justicia y la Misión Técnica del ACNUDH firmaron un protocolo para la observación de procesos judiciales.
Según el documento, la Misión Técnica hará seguimiento a casos de crímenes de lesa humanidad como los vinculados a la crisis de 2019-2020; causas contra miembros del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, entidades de creación constitucional, el Poder Ejecutivo, en alusión a los procesos contra Añez.
García-Sayán, manifestó: “Con respecto a la crisis sociopolítica de 2019-2020, el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes. Debe garantizarse la celeridad y eficacia de la investigación y el derecho de las víctimas a participar”.
Corrupción e impunidad
Por consiguiente, el relator califica como positivo la constitución de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, al amparo de la Ley número 898, para analizar los casos en los que los sentenciados fueron liberados antes de 2013.
García-Sayán, advirtió que la impunidad frente al delito es una indicación de las dificultades de acceso real a la justicia, y que el aumento de casos de feminicidios, que continúan impunes, suscita indignación y preocupación en la sociedad boliviana.
Recomendaciones
En relación a las graves violaciones de derechos humanos en el régimen de facto, García Sayán recomienda también que el Poder Ejecutivo podría preparar y presentar a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación expedita, proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos.