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    CEB señala que la tensión por el Censo se prolonga afectando al país económicamente

    Este 9 de noviembre, Diego Plá Aranda, secretario general adjuntó a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), señaló que el país atraviesa un conflicto por el tema del Censo e indicó que se tiene que evitar la confrontación, porque la tensión se está prorrogado y el país, económicamente, no está para esa situación.

    El Obispo Diego Plá Aranda, secretario general adjunto a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB). Foto. CEB.

    “Hay que evitar los conflictos porque cada vida es sagrada, cada vida es bendecida por Dios y no vale eso de una vida más, una vida menos. Tenemos que defender la vida, sobre todo evitar que haya la confrontación de los conflictos. Esta tensión, que la palabra sería, que se está dilatando mucho, creo que nuestro país económicamente no está en situación de dilatar toda esta situación de la preocupación por la fecha del censo, porque hay que fijarse en el pueblo.  La Iglesia siempre va mirar por los más pobres y humildes para defenderlos siempre”, manifestó el secretario general de la CEB.

    Santa Cruz instaló un paro indefinido el 22 de octubre como medida de presión para que el Gobierno ejecute la encuesta nacional el 2023, ese mismo día se registró un fallecido en Puerto Quijarro producto de una descompensación por los gases lacrimógenos.

    Sin embargo,  tres días después, grupos y sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron cercar esa región como respuesta a la acción de las autoridades e instituciones cruceñas.

    Por otro lado, el Gobierno inauguró una comisión técnica en Trinidad para fijar la fecha del empadronamiento. A partir del sábado pasado comenzaron a trabajar delegaciones técnicas de gobiernos departamentales, municipales y académicas, pero luego de cuatro días,  Sergio Cusicanqui, Ministro de Planificación, informó esta madrugada que el censo se realizará entre marzo y abril de 2024.

    Esta determinación causó molestia en el Comité Cívico cruceño y advirtieron que las medidas continuarán y se radicalizarán. El obispo Diego Plá Aranda dijo que esta situación preocupa no sólo a la Iglesia sino al país en conjunto para resolver este conflicto, e incluso se reunieron con la Defensoría del Pueblo.

    Plá, destacó que en la Constitución Política del Estado se garantiza el derecho a la protesta, pero también se debe garantizar el derecho a la alimentación. Además, recordó a las autoridades que los cargos que ocupan son pasajeros y su principio debe ser el servicio al pueblo y no a intereses personales.

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