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El Ministerio de Educación aseguró que la resolución del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que deja sin efecto la clausura del año escolar, tiene un trasfondo político porque el vocal presidente que la emitió fue designado en varios cargos por el gobierno del MAS, y anunció que presentará un recurso de enmienda.
“Dicha resolución tiene serias contradicciones, ambigüedades y poca claridad. Por tanto, esta cartera de Estado presentará en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y enmienda. Por este motivo y dado que esta resolución tiene que ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como dispone la Constitución y el Código Procesal
Constitucional para ser confirmada o revocada, no es definitiva ni final”, señala un comunicado de ese despacho.
#ULTIMO@minedubol observa contradicciones, ambigüedades y poca claridad en la resolución del Tribunal Departamental De Justicia – La Paz, que deja sin efecto la #clausura del #añoescolar, y anuncia que presentará un recurso de complementación, aclaración y enmienda. pic.twitter.com/yFQveyjcRs
— laoctavabo (@laoctavabo) August 20, 2020
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presidida por el vocal Israel Campero, emitió horas antes la Resolución 105/2020, que deja sin efecto la Resolución Ministerial 050/2020, que clausura el año escolar. El fallo es la respuesta a una acción popular presentada por Lidia Patty, diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS).
En el comunicado, el Ministerio de Educación aseveró que existe “un trasfondo político porque el vocal Campero fue designado como subprocurador, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, asesor constitucional de la Vicepresidencia, entre otros cargos, por el gobierno del MAS. También observó la participación de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, “conocida por su afinidad política con el MAS”, señala el documento.
“Con todos estos antecedentes no queda duda que la determinación es una acción planificada por operadores políticos afines al MAS, quienes buscan dañar y socavar la gestión educativa, y poner en mayor riesgo la salud de los estudiantes, maestros y padres de familia”, agrega.