Iván Lima Magne, ministro de justicia y Transparencia Institucional, confirmó en la jornada de hoy, la aprobación de una modificación de ley que agilizará los procesos de adopción de menores de edad institucionalizados. La norma que modifica artículos de la Ley 548 del código Nina. Niño y Adolescente (2014).

Iván Lima Magne, ministro de justicia y Transparencia Institucional, confirmó la aprobación de una modificación de ley que agilizará los procesos de adopción / Fotografía Ministerio de Justicia

“(Hubo) 174 adopciones en la última gestión (2020), (mientras) 5 mil niños (aún permanecen) esperando una familia, (frente a esa realidad) es una buena noticia para el país que ayer (miércoles) el Senado haya aprobado la ley; el presidente Luis Arce la va a promulgar en los siguientes días”, anunció el titular de Justicia durante el evento de presentación de la Guía para el Manejo Periodístico de Casos de Violencia Sexual contra Niñas, Niños o Adolescentes.

Anteriormente el 12 de abril, se conmemoró el día del niño y la niña boliviana, donde las autoridades declararon al sector como "prioridad nacional" debido a los altos índices de maltrato y abandono infantil, además de los casos de infanticidio, por lo que se presentó una agenda de cinco puntos, entre ellos la agilización de los procesos de adopción.

La modificación de la Ley 548 aprobada ayer por la cámara de Senadores, contempla dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final, a través de las cuales se cambian aspectos como la edad límite de los adoptantes y se incorpora la solicitud de certificado de preparación para madres o padres adoptivos, que podrá ser gestionado de manera virtual. Además, se establecen plazos procesales.

Por otro lado, los contenidos mínimos para los cursos presenciales y/o virtuales de preparación de madres y padres adoptivos serán elaborados por el Ministerio de Justicia donde, se harán evaluaciones periódicas. Los jueces públicos en materia de niñez y adolescencia, deberán concluir los procesos judiciales correspondientes, hasta 3 meses de plazo.