Marcelo Montenegro, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, socializó el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales” con representantes gremiales, comerciantes y dirigentes de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz.

La primera reunión se realizó en el mercado Los Pozos y los representantes del mercado La Ramada de Santa Cruz donde la autoridad atendió las consultas de los gremiales. En el caso del mercado La Ramada, se acordó conformar mesas de trabajo para dar seguimiento a la norma.

Ivette Espinoza, Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Jhonny Morales, Viceministro de Política Tributaria y Ana María Morales, Directora de la Unidad de Investigaciones, cooperarán en el proceso de socialización.

Por parte del sector social, participó Amalia Antonio Saravia, Diputada Nacional, la Concejal Rosario Callejas y Rita Valverde, Ejecutiva de la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia.

“Hasta ahora ningún comerciante gremialista, vivandero ha sido llevado a una investigación ante la UIF porque el hermano gremialista vive del día a día, aumenta su capital diariamente y es sujeto de crédito”, enfatizó Montenegro.

Añadió  que los gremiales demuestran el incremento gradual de su capital de operaciones producto de su trabajo diario para sustentar a sus familias con su trabajo honrado sin vulnerar las normas vigentes.

En horas de la tarde, el equipo técnico de esta Cartera de Estado se reunió con Ronald García, Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz y los representantes de este sector quienes despejaron sus dudas en cuanto al contenido de la norma.

El titular de economía complementó que la socialización del proyecto normativo se realiza con los sectores movilizados que se oponen a la norma para evitar que Bolivia vuelva a caer en las listas negras y la censura internacional por no tener una normativa de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.