Fiscalía presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas implicadas en el proceso irregular de (compra de respiradores) contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca Respira Device de origen español, según informó Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado.

Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del Estado, foto: FGE

“Los respiradores españoles al ser recepcionados no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del COVID-19.

Este proceso de compra inició el 8 de mayo de 2020; es decir, uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria devenida del contagio y propagación de la pandemia y la alta letalidad de la enfermedad”, menciono Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado.

Los acusados son exfuncionarios del Ministerio de Salud, de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y dos personas particulares.

• Marcelo Navajas Salinas, ex Ministro de Salud
• Fernando Valenzuela, ex Director jurídico del Ministerio de Salud
• Giovanni Pacheco, ex Director Ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISM)
• Ana Fernanda Espinoza, Encargada de Equipamiento de AISEN.
• Gabriela Claudia Pérez Gallegos, ex encargada de Adquisiciones
• David Alberto Pareja, ex cónsul de Bolivia en España
• Fernando José Arias, ex administrador de la regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud
• El empresario Luis Fernando Humérez Ortiz, quien es conocido por haber sido presidente de la Liga Profesional de Fútbol y que en este caso habría sido el contacto entre los personeros de la empresa española
• Fernando Valenzuela, ex Director jurídico del Ministerio de Salud

“Los delitos atribuidos para los ex funcionarios públicos son, Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Uso Indebido de Influencias, Contratos Lesivos al Estado, Delitos Contra la Salud Pública, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, entre otros. Por todos estos delitos el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal”, sostuvo el Fiscal General.