Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, informó que la Defensoría del Pueblo detectó la ausencia del Gobierno Nacional, para garantizar el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales, con relación a la detección y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), durante la pandemia de Covid-19.

Cruz, señaló que se incurrió en violencia institucional, por parte de policías y guardias municipales, en contra de este grupo de población vulnerable.

Este 28 de abril, se presentó  el informe “Criminalización del trabajo sexual. Cumplimiento del artículo 40 del Decreto Supremo N.° 451, durante la pandemia de la Covid-19”, que contiene los resultados de una investigación y la intervención que se realizó a instituciones del Gobierno nacional, a los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales, nueve Centros Departamentales de Diagnóstico, Vigilancia Información y Referencia (CDVIR).

“El Estado boliviano no actualizó el procedimiento para el registro, entrega y control de las Libretas de Salud, lo que generó la vulneración de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, pues con el pretexto de prevenir e investigar posibles delitos de trata de personas, proxenetismo y atentado contra la salud pública, se las sancionaban por no portar  la cédula de identidad o la Libreta de Salud”, manifestó la autoridad.

Además, la Defensora adjuntó: “Es de preocupación para la Defensoría del Pueblo, que se haya constatado un patrón de violencia en contra de las trabajadoras sexuales, que consistía en que los uniformados pedían “pieza” como medio de extorsión en los operativos de control. Estos hechos contravienen los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos”.

Con la participación de la Policía Boliviana y representantes de las trabajadoras sexuales, Roberto Río Sanjinés, Viceministro de Seguridad Ciudadana, destacó la importancia de del informe presentado.

“Nos va a permitir tomar mejores decisiones, realizar ajustes en algunas áreas, como en los de la Policía, que estaba realizando acciones irregulares”, indicó Roberto Río.

Carlos Andrés de la Rocha, resaltó la decisión y subrayó que el documento viabiliza muchos aspectos, exhortando a las instituciones a trabajar de manera intersectorial para garantizar los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales.

Mencionado informe defensorial, contempla una serie de recomendaciones dirigidas a instituciones del Estado, al ver la necesidad de que se adopte un nuevo instrumento de control médico o Libreta de Salud.