Este 30 de agosto, María René Álvarez, Diputada de Creemos, remitió una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá.

Tras agotar los recursos de denuncia internos, la parlamentaria optó por acudir a organismos internacionales ante la indiferencia de las autoridades nacionales frente a un problema  que tiende a agravarse por la proliferación de grupos de los denominados “interculturales”, que insisten en tomar áreas protegidas en la chiquitanía.

“Se solicita a su autoridad que, en el marco de su mandato y atribuciones, realice un llamado al gobierno boliviano dirigidos a la protección inmediata de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, con el fin de proteger y preservar el área protegida de Bajo Paraguá como un bien mayor natural”, señala parte de la nota.

Recordemos que el Área  Protegida Municipal de Bajo Paraguá es una Reserva Forestal desde el año 1988, comprende una superficie de 1.360.796 hectáreas (ha) y está ubicada en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz.

Sin embargo, los asentamientos  humanos ilegales atribuibles a personas ligadas al partido del  gobierno en funciones Movimiento Al Socialismo (MAS), grupos ilegales que además incurren en hechos de deforestación y otras acciones supuestamente productivas que no sostenibles  que están ocasionando el aumento de incendios forestales, sequías y pérdida de biodiversidad.