Este 12 de enero, la fundación de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), manifestó en su informe anual que Luis Arce, Presidente de Bolivia, “fracasó” en la reforma judicial que pretendía realizar.

Asimismo, e informe da un repaso de las violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia en 2022 y años anteriores.

Establece que en las cárceles existe hacinamiento, que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas, que la violencia contra la mujer está en aumento y que se utiliza a la justicia para perseguir a los opositores.

"El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020)", manifiesta un capítulo del  informe.

Por otro lado, concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio con los que se le acusaba a Jeanine Añez, ex Presidenta de Bolivia, "eran infundados y manifiestamente desproporcionados".

Haciéndose eco del informe de mayo de 2022 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán afirmó que "la injerencia en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data".

Además, casi el 50% de los jueces y el 70% de los fiscales permanecían como "transitorios".