Dos de los acusados son ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado “Gases Lacrimógenos” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de nueve personas que habrían estado involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019.

“También se tiene una pericia de auditoria forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, aclaró el Fiscal General.

Lanchipa explicó que el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa.

La acusación formal fue presentada contra:

• Arturo Murillo, ex Ministro de Gobierno.
• Luis Fernando López, ex Ministro de Defensa.
• Sergio Alberto Zamora, ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno.
• Raúl López, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
• Alan Menacho, ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa.
• Pedro Rea, ex director de Logística.
• Ruth Palomeque, ex directora General de Asuntos Administrativos.
• Dennis Vera, ex responsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa.
• Bryan Samuel Berkman, representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

“Los delitos atribuidos a los acusados son Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, entre otros”, indicó Lanchipa.

El Fiscal General también señaló que por estos delitos la Fiscalía solicita una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión. Lanchipa hizo conocer que a efectos de la reparación integral del daño el Ministerio Público en su oportunidad ya requirió todas las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los ahora acusados.