Este pasado 21 de junio, Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentó su informe final sobre su valoración de la justicia boliviana, dejando en evidencia la injerencia política sobre jueces y fiscales del sistema.

En el punto 87 de su reporte, García-Sayán cita que un ejemplo sobre los problemas estructurales de la justicia en Bolivia se ve reflejado en el caso de la ex Mandataria.

“Su caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventivo. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la norma boliviana”, cita el documento presentado por el relator.

García-Sayán, detalló que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de Jeanine Añez, ex Mandataria de Bolivia.

Según informes, el documento fue presentado en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevó a cabo en Ginebra, reflejando los resultados del análisis que hizo el funcionario tras una invitación de Luis Arce, Presidente de Bolivia.

“La corrupción fue referida como un problema serio. Muchos de los interlocutores comentaron su impacto y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana. El Relator Especial escuchó testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. El temor les impide denunciar la corrupción públicamente”, señala el punto 38 del informe de García-Sayán.

Entre las 20 recomendaciones que hizo García-Sayán se menciona el de la reforma en el proceso de selección de autoridades judiciales, debido a la falta de legitimidad que se tiene en la elección por voto popular.