Treinta y tres años han pasado desde la adopción del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Desde entonces, esta norma internacional ha sido la principal guía de gobiernos, organizaciones de trabajadores, empleadores y pueblos indígenas para avanzar en la construcción de condiciones que garanticen la justicia social, sin dejar a nadie atrás. El Convenio —único tratado legalmente vinculante sobre la materia— ha inspirado el desarrollo constitucional y legislativo y la creación de instituciones que velen por los derechos de estos pueblos en los países de América Latina.

A pesar del progreso logrado en las últimas tres décadas, los pueblos indígenas continúan siendo afectados de manera desproporcionada por la marginación y la exclusión.

Según los últimos datos de OIT, en América Latina y el Caribe viven más de 54 millones de personas indígenas. Esto representa el 8,5 % de la población regional y supera en número la población total de países tan grandes como Argentina, Perú o Colombia. Sin embargo, constituyen casi el 30% de las personas en situación de pobreza extrema, según datos relativos a 9 países.

Aún hoy, en la región, son uno de los grupos con menos oportunidades para acceder a un empleo de calidad y tienen un 31,5 % más de probabilidades de trabajar en la economía informal que los trabajadores no indígenas. En el caso particular de las mujeres indígenas, el 85 % de ellas desarrolla su labor en la informalidad. Además, el salario de mujeres y hombres indígenas con empleo remunerado es un 31 % inferior al de los trabajadores no indígenas.

Un poco más de la mitad de la población indígena en la región habita en zonas urbanas: muchas de estas personas han salido de sus tierras como resultado de desplazamientos forzados a causa de conflictos internos, por el impacto del cambio climático y en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas.

La crisis producida por la COVID-19 solo ha servido para profundizar más las brechas que aún persisten. A tan sólo 8 años de la meta establecida para el cumplimiento de la Agenda 2030, la región no podrá alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se ha comprometido, si no se ponen en marcha medidas urgentes y sostenidas para el impulso al empleo y el emprendimiento de las personas indígenas, garantizando su acceso a un trabajo decente, con protección social accesible y de calidad.

La convicción de no dejar a nadie atrás compromete a todos los países a redoblar sus esfuerzos y a invertir recursos de mayor calidad para promover el acceso a los derechos que el Convenio 169 reconoce. Los países deben crear y fortalecer los mecanismos institucionalizados para los procesos de consulta previa, garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño y puesta en marcha de las iniciativas para su desarrollo y promover el derecho que tienen de decidir sus prioridades, teniendo muy en cuenta sus creencias, sus propias instituciones, la promoción del bienestar espiritual y el adecuado uso de las tierras que ocupan.

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos debe invitar a destacar, cada día, el papel de los pueblos indígenas como protagonistas y socios clave para lograr una recuperación centrada en las personas que sea inclusiva, sostenible y resiliente. El Convenio 169 de la OIT sigue siendo una herramienta eficaz para avanzar en esa dirección, impulsando la justicia social y promoviendo el trabajo decente.

Por Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos.