Un informe técnico identifica riesgos para los derechos humanos y de la Madre Tierra y plantea recomendaciones a los órganos del Estado.
La Defensoría del Pueblo remitió al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo un informe técnico sobre las vulneraciones a los derechos humanos y de la Madre Tierra vinculadas con la expansión de la minería ilegal, los vacíos en el régimen de adecuación y los desafíos del control estatal en Bolivia. El documento fue recibido oficialmente el 25 de septiembre.
El informe advierte sobre posibles afectaciones a los derechos a la vida, salud, agua, alimentación y medio ambiente sano, además de impactos socioambientales relacionados con actividades mineras. También aborda la situación de los pueblos indígena originarios campesinos, el acceso a información y justicia ambiental, la contaminación por mercurio y la necesidad de garantizar la consulta previa, libre e informada.
A partir de sus hallazgos, la Defensoría recomienda fortalecer la prevención, fiscalización y control ambiental, garantizar la participación y acceso a información de las poblaciones afectadas y cumplir las decisiones judiciales y administrativas en materia socioambiental. La institución anunció que realizará el seguimiento correspondiente dentro de sus competencias.
